Financiador: Diputación de Sevilla
Proyecto: Garantizar los derechos de la infancia en la crisis socio-económica y medioambiental de la región suroeste de Tuléar (Madagascar)
Fecha de ejecución: año 2026
Financiación: 40.000€
Resumen del proyecto: Esta propuesta de intervención tiene el propósito principal de garantizar la defensa y protección de los derechos de los y las menores, especialmente de las niñas, frente a los diversos tipos de maltrato infantil en los Distritos I y II de Tuléar (suroeste de Madagascar). Esta Región está viendo empeorada la crisis socio-económica generada desde el COVID-19 y la guerra de Rusia contra Ucrania por una sequía de más de 3 años que afecta a la soberanía alimentaria. Esta crisis climática está favoreciendo un éxodo rural hacia la capital, Tuléar, generando una presión demográfica urbana que afecta al acceso al empleo, a la vivienda y a los derechos de la población en general, y de la infancia en particular. Estas situaciones empujan a un mayor empobrecimiento de las familias, y con ello a situaciones de vulneración de los derechos básicos de los y las menores, obligándoles a la desescolarización por falta de medios económicos, por tener que contribuir a la economía familiar a través de la explotación laboral y en el caso de las niñas y las jóvenes de la explotación sexual. En este sentido se ha visto un aumento de la violencia sexual intrafamiliar hacia las niñas, que se sitúan en el sector de la población más vulnerable de indefensión.
La intervención del proyecto cuenta con tres ejes de actuación:
- Garantizar un sistema de protección de la infancia, que proteja y garantice los derechos básicos de educación, ocio, salud, nutrición y protección física y psico-emocional;
- Acompañar en el proceso policial y judicial a las víctimas y sus familias para garantizarles el derecho a la reparación y a la justicia;
- Concienciación y formación de la sociedad civil para acabar con la impunidad social de los abusos y vulneración de los derechos infanti-les con el objetivo de obligar a las administraciones públicas a asu-mir su obligación de protección, defensa y garantía de esos derechos.
Para ello se ha creado el Centro de Atención Psicosocial como ventanilla principal de entrada al Sistema de protección de la infancia que se ha estructurado en torno a los proyectos que tiene la ONG Bel Avenir (educación, ocio, salud, nutrición, residencia de acogida) y en colaboración con otras entidades de la sociedad civil como la Plataforma de Protección de la Infancia que da apoyo judicial a casos constitutivos de delito, el Centro Vonjy, que acompaña en la recuperación física y psicológica a víctimas de violencia sexual o Trano Aro Zo, que trabaja con mujeres víctimas de violencia de género.
El proyecto también colabora con administraciones públicas como la Dirección Provincial de la Educación, la Policía y el juzgado de delitos contra menores o los Chef Fokontany (Jefes de barrio) que es la representación administrativa más cercana a la población y que mayor confianza genera.
