La protección de las personas vulnerables es una prioridad para Bel Avenir. La política de Salvaguarda busca prevenir cualquier forma de violencia, abuso, negligencia o explotación, garantizando un entorno seguro para la infancia, las mujeres y todas las personas atendidas por sus programas. Esta política no protege solamente a la infancia, sino también a adultos vulnerables. También promueve la sensibilización y la vigilancia para saber cómo actuar y denunciar ante cualquier situación de abuso. La política se aplica a todo el personal de Bel Avenir: voluntariados, becario/as, prestadores, socio/as y personas voluntarias de corta duración.
Las formas de maltrato que se pueden y deben denunciar son todo tipo de violencia física, de abuso sexual y de violencia psicológica. Los principios de protección son el interés del beneficiario/a, sin discriminación, con confidencialidad, respeto a la vida privada y la protección de su imagen. La denuncia puede hacerse a través de los servicios y personal ONG Bel Avenir como por la Plataforma de protección de la infancia. Si soy víctima, testigo/a o confidente de una víctima, los canales de denuncia que se pueden utilizar son:
- El Comité de Protección
- La Plataforma de Protección de la Infancia
- El Centro de atención psicosocial a menores
- Una persona de confianza de Bel Avenir
- El buzón de sugerencias
- La estación de policía
- El centro Vonjy en el Hospital Universitario de Tuléar
Una vez recibida la denuncia, esta política de protección prevé un tratamiento rápido y confidencial de la situación. Los responsables de protección llevan a cabo una investigación, escuchan a la víctima, a los testigos y a la persona implicada. Luego deciden las medidas que deben adoptarse como medidas de protección si es necesario en función de la gravedad de los hechos y de si se ha producido o no una infracción de la política de protección.
En definitiva, ONG Bel Avenir aplica una política de tolerancia cero frente a cualquier forma de violencia o abuso. Cuando una denuncia se confirma, la organización puede adoptar sanciones internas, romper la colaboración con la persona o entidad implicada e incluso presentar una denuncia, con el objetivo de garantizar la protección de los beneficiarios. No se limita a denunciar los abusos: pone en marcha un auténtico sistema de prevención, denuncia y protección.
