Día Internacional de la Mujer
“No olvidéis jamás que bastará una crisis política, económica o religiosa para que los derechos de las mujeres vuelvan a ser cuestionados. Estos derechos nunca se dan por adquiridos, debéis permanecer vigilantes toda vuestra vida”.
Simone de Beauvoir
La realidad de las mujeres en el mundo es diversa, compleja y llena de contrastes. A medida que pasa el tiempo se han logrado avances evidentes en materia de discriminación, pero aún quedan retos por superar en respecto a la igualdad de género.
En Madagascar, el Día Internacional de la Mujer nos recuerda tanto los avances logrados como los retos que aún quedan por superar en materia de justicia. El país destaca por tener una de las tasas más altas de mujeres juezas de África: el 54 % de la magistratura está compuesto por mujeres, lo que ha permitido una mayor sensibilidad hacia los casos de violencia sexual y doméstica. Las magistradas han tomado decisiones destinadas a proteger a las víctimas, en particular a las niñas y las mujeres en situación de pobreza.
Sin embargo, esta realidad coexiste con un sistema que sigue presentando profundas desigualdades: la aplicación de las leyes se ve limitada por la falta de recursos y estructuras, con una puntuación de solo 27,30/100 en materia de mecanismos de apoyo judicial, lo que dificulta el acceso a una justicia efectiva para muchas mujeres. Además, la adopción de medidas como la castración quirúrgica para los violadores de niños refleja la gravedad del problema de la violencia sexual en el país.
En Camboya, la desigualdad judicial sigue siendo uno de los principales retos para las mujeres. Las mujeres se enfrentan a importantes obstáculos para denunciar la violencia, especialmente aquellas que viven en zonas rurales, pertenecen a minorías étnicas o carecen de recursos económicos. Muchos conflictos familiares y casos de violencia doméstica se resuelven fuera del sistema oficial mediante acuerdos comunitarios que rara vez protegen a las víctimas o imponen sanciones a los agresores.
Informes como Gender-Responsive Sentencing Practices alertan sobre el hecho de que el sistema judicial sigue sin garantizar una protección eficaz ni penas adecuadas en los casos de violencia doméstica y sexual. Ante esta situación, las organizaciones feministas del país reclaman reformas urgentes, en particular la actualización de la ley sobre violencia doméstica, una mayor financiación para los refugios y la asistencia jurídica, y cuotas del 50 % de mujeres en las funciones judiciales para corregir las desigualdades estructurales.
En España, los últimos años se han caracterizado por importantes avances en la respuesta institucional a la violencia contra las mujeres, pero también por retos persistentes. Uno de los indicadores más positivos es la reducción de casi un 30 % de los asesinatos machistas en comparación con el pico de 76 víctimas registrado en 2008. No obstante, desde la creación de un registro unificado en 2003, el número total de mujeres asesinadas asciende a 1353 hasta febrero de 2026, lo que demuestra la magnitud del problema.
En el ámbito judicial también se observan signos alentadores, tras la entrada en vigor de la ley “solo sí es sí” en 2022, el sistema de justicia ha vivido un periodo de adaptación: la prioridad es mantener el foco en el consentimiento y, a la vez, afinar la respuesta penal para que sea clara, proporcionada y protectora con las víctimas. Otro ejemplo de esta evolución es la disminución del 5,2% en el número de mujeres víctimas que se beneficiaron de medidas de protección u órdenes de protección en 2024, una tendencia que apunta a ciertos avances en la respuesta judicial. En el ámbito legislativo, el año 2024 marcó un punto de inflexión con la entrada en vigor de la Ley Orgánica 2/2024 sobre la paridad, que exige que al menos el 40 % de los miembros de los órganos de poder públicos y privados sean mujeres, una norma que tiene por objeto promover la igualdad estructural.
En Francia, datos recientes revelan un panorama ambivalente en materia de igualdad en el sistema judicial. Según el estudio conjunto de los Ministerios de Interior y Justicia, alrededor del 70% de las denuncias por violencia sexual y el 42% de las de violencia de género en general fueron archivadas. El informe GREVIO del Consejo de Europa indica cerca del 83% de archivos en casos de violencia sexual, reflejando persistentes problemas de acceso a la justicia. Esto priva a miles de mujeres de un acceso real a la justicia. Organizaciones como Amnistía Internacional también alertan sobre el hecho de que las mujeres migrantes, transgénero y trabajadoras sexuales se enfrentan a obstáculos estructurales y a la discriminación cuando intentan presentar denuncias y emprender acciones legales.
Más recientemente, Gérald Darmanin, ministro de Justicia francés, propuso juzgar los casos de violación en un solo día, con el fin de acelerar los plazos de la justicia y resolver los numerosos casos acumulados debido a la falta de medios estructurales que afecta a la institución, lo que significa que los delitos de extrema gravedad podrían tratarse con una precipitación que podría comprometer la calidad de las investigaciones, la protección de las víctimas y el respeto de los derechos fundamentales.
En este Día Internacional de la Mujer, Francia demuestra que incluso los países con una legislación avanzada siguen teniendo profundas brechas que cerrar.
Fuentes: unodc.org / amnesty.org / worldbank.org / data.unwomen.org / securitywomen.org / wpmcambodia.org / confilegal.com / statista.com / violenciagenero.igualdad.gob.es / worldpopulationreview.com / humanite.fr / elpais.com
