Fotografía @Benito Pajares

Hoy día 12 de junio se conmemora el Día mundial contra el trabajo infantil y es importante recordar que este sigue siendo un grave problema para los derechos de la infancia. El gran repunte en el año 2020 donde los datos cifraban en 160 millones de niñas y niños afectados por el trabajo infantil, debido en gran parte a la crisis del COVID, invirtió la tendencia hacia la disminución del trabajo infantil que se venía dando desde el año 2000. Aunque el último informe de UNICEF y la OIT han mostrado que estos datos se están reduciendo, esta situación sigue afectando a 138 millones de niños y niñas en el mundo, es decir, uno de cada cinco niños está involucrado en el trabajo infantil, de los cuales 54 millones realizan trabajos peligrosos que ponen en riesgo su seguridad, salud y desarrollo.

Asia y el Pacífico lograron la reducción más significativa desde la incidencia del 2020, y por el contrario, África subsahariana sigue siendo la región con mayor incidencia de trabajo infantil, donde, aunque se ha reducido el porcentaje: del 23.9% en 2020 al 21,5% en 2024, el número total, en un contexto de crecimiento demográfico, ha permanecido estancado.
La agricultura sigue siendo el mayor sector de trabajo infantil, con el 61% de todos los casos, seguido de los servicios, (27%) donde se incluye el trabajo doméstico y la venta de productos, y la industria (13%). Además, en todas las edades, la participación en el trabajo infantil es mayor entre los niños que entre las niñas.

Por otra parte, según la UNESCO, el número de niños sin escolarizar ha aumentado a escala mundial, situándose en 250 millones en el año 2022. Desde 2015, esta cifra ha disminuido solamente 9 millones, mientras que en África Subsahariana aumentó en 12 millones.

Esta situación vulnera gravemente los derechos de la infancia, recogidos en la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, que establecen que todos los niños y niñas tienen derecho a crecer en un entorno seguro, saludable y libre de explotación. Esto incluye el derecho a la educación, al juego, a la protección frente al trabajo forzoso y a condiciones laborales peligrosas. El trabajo infantil vulnera directamente estos derechos, ya que impide el acceso a la educación, limita las oportunidades de desarrollo integral y expone a millones de menores a situaciones que ponen en riesgo su salud física y mental.